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 Editoriales y Opiniones de la UCA que se emiten vía YSUCA, 91.7FM y en línea www.ysuca.org.sv. Con temas de realidad nacional e internacional© 2026 Radio YSUCA Politique et gouvernement Sciences politiques
Épisodes
  • Equilibrios en la cuerda floja

    Equilibrios en la cuerda floja
    Mar 6 2026
    Rodolfo Cardenal 05/03/2026 La reducción del impuesto al güisqui, al gin y a la ginebra es desconcertante. Las finanzas del Estado no están para reducir ingresos. Los diputados aprobaron la ley en cuestión de horas, sin análisis ni discusión, lo cual deja el campo libre a la especulación sobre la finalidad de la medida. Aparentemente, acomoda las tasas locales a los estándares internacionales, pero pasa por alto, como si fuera un detalle sin importancia, el impacto en la recaudación. Esta forma de proceder obliga a preguntar para qué y para quién gobierna Bukele. Si el oficialismo hubiera explorado la voluntad del pueblo, probablemente habría encontrado que este preferiría que bajara los impuestos a los licores más populares. Si hubiera ampliado la pregunta, la gente hubiera opinado que sería mucho mejor reducir los impuestos de la canasta básica y los medicamentos. Este es un caso típico de cómo gobierna la familia Bukele. Reducir el impuesto de licores caros no alivia a unas mayorías que pasan apreturas para llegar a fin de mes. Cualquiera que haya sido el porqué, existen razones de mayor peso para reducir la carga tributaria del pueblo agobiado. En El Salvador de Bukele, como en el de antes, pagan más los que menos ingresos perciben con el pretexto de no desincentivar la inversión. La desigualdad tributaria clama por una reforma que la haga menos regresiva. En la actualidad, la recaudación es sostenida por los impuestos indirectos —en especial, el impuesto al valor agregado— y por el impuesto directo sobre el salario del trabajador formal. Aun cuando el año pasado la recaudación aumentó, es insuficiente para cumplir con los compromisos financieros adquiridos, los cuales, además, serán mayores en 2027, al vencer el período de gracia de los millones tomados del sistema de pensiones. Por cada cien dólares producidos, el Estado debe 80. No es necesario aguardar al próximo año para comprobar que la falta de liquidez impide financiar de forma adecuada los servicios públicos. La retórica electoral recién pasada prometió que estos servicios serían mejores que los privados. Esto no es todo. Existen limitaciones internas y externas que reducen aún más el margen de maniobra. Internamente, la economía es más bien pequeña, poco diversificada y muy dependiente de las exportaciones a Estados Unidos y de las remesas. Externamente, es muy vulnerable a desastres naturales y a crisis económicas como las que puede provocar la guerra en el Medio Oriente. El Estado no tiene capacidad para absorber estos impactos. Dicho de otra forma, el modelo de Bukele hace equilibrios en una cuerda floja para no caer al vacío. La reforma de sistema de pensiones, inviable a corto plazo en los términos actuales, es particularmente crítica, porque, al golpear a los trabajadores formales, puede repercutir en la popularidad de Bukele y en el resultado de las próximas elecciones. Pero sin ella, el FMI puede retirar el salvavidas financiero que lo mantiene a flote. Es inevitable elevar la edad de jubilación, los años de cotización y el aporte del trabajador para, al final, percibir una pensión que no alcanza para adquirir la canasta básica. El pensionado es el gran perdedor. En 2020-2023, el uno por ciento más rico concentró casi la cuarta parte de la riqueza nacional, mientras que el 10 por ciento se quedó casi con la mitad. En cambio, la mitad de la población se debió conformar con poco menos del 5 por ciento. Esta desigualdad, indiscutible y escandalosa, es al mismo tiempo una oportunidad para comenzar a sanar las finanzas del Estado y a mejorar los servicios públicos. Gravar, por ejemplo, el patrimonio y los activos superiores a cinco millones de dólares solo afectaría a unas 110 personas y aportaría entre unos 500 y 1,500 millones de dólares. El apoyo popular está garantizado, también la cólera de los “perjudicados”. Los recursos existen; si no se gravan es por falta de voluntad política. La familia Bukele no da el paso porque da por descontado que cuenta con un respaldo popular a toda prueba y porque no puede permitirse que el poder real, enfurecido, decida que ya no la necesita. Sin embargo, este no puede argüir que pagar más ahuyentará la inversión, porque esta no llega, a pesar de que Bukele le ha reducido los impuestos y le ha dado facilidades para operar libremente. Al parecer, el obstáculo no son los impuestos, sino la inseguridad jurídica, la improvisación y la turbiedad de la familia gobernante. El modelo de Bukele se encuentra en un callejón sin salida. No puede esperar grandes inversiones en una realidad incierta e inestable. Tampoco puede decidirse por uno de esos extremos, porque significaría su fin. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.
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  • Respaldo ciudadano a la represión

    Respaldo ciudadano a la represión
    Feb 24 2026
    Ya sea por intuición, por vivencias personales o por una reflexión cuidadosa, las personas suelen tener una postura sobre cuándo es razonable o no el trato que los cuerpos de seguridad dan a las personas en conflicto con la ley o a sospechosos de haber cometido ilícitos. En el caso de El Salvador, dado el cansancio crónico ante la violencia, la criminalidad y la impunidad, las estrategias de seguridad pública altamente represivas de anteriores Gobiernos (como las políticas de mano dura, súper mano dura y las medidas extraordinarias de seguridad) fueron bien vistas por buena parte de los ciudadanos. ¿Son también populares estas acciones en el presente, en un momento en que la narrativa oficial declara que el nuestro es ahora uno de los países más seguros del mundo? Ese fue uno de los aspectos sobre los que se indagó en un reciente estudio sobre cultura democrática realizado por la UCA, el cual exploró, entre otros temas, la opinión de la ciudadanía ante frases que reflejan una preferencia por medidas drásticas contra delincuentes y personas sospechosas de serlo, incluso si dichas acciones vulneran derechos básicos. En dicho estudio, 36 de cada 100 salvadoreños dijeron estar de acuerdo con que las autoridades torturen a los sospechosos para obtener información; a 39 de cada 100 les parece aceptable que las personas detenidas en las cárceles pierdan todos sus derechos; 41 de cada 100 apoyaron que las autoridades detengan personas sospechosas, aunque no haya suficientes pruebas en su contra; 63 de cada 100 suscribieron que “quienes cometen delitos graves son menos humanos que los ciudadanos que cumplen la ley”; y 67 de cada 100 afirmaron que les parecía aceptable el encarcelamiento masivo de personas en comunidades controladas por pandillas como única forma de mejorar la situación del país. Estos resultados alarman y obligan a ahondar en las causas de que gran parte de la población admita la tortura como método válido para obtener información, afirme que los privados de libertad carecen de derechos, respalde la detención arbitraria y masiva de personas, y considere que ciertos delincuentes tienen una condición humana inferior. También es pertinente preguntarse qué implicaciones tiene el fomento de este tipo de posturas. Promover la aplicación de medidas brutales contra la delincuencia distrae de la necesidad de abordar integralmente la problemática, contemplando medidas no solo represivas, sino también de prevención, control y rehabilitación. Asimismo, es necesario aclarar quiénes se benefician de insistir en que el castigo severo es la única vía eficaz para vivir en un país seguro; una insistencia que lleva a perder de vista que no se están frenando otros procesos que generan inseguridad, como la exclusión económica y social de amplios sectores de la población. Además, es evidente que los abusos que suelen acompañar a las políticas de mano dura por lo general no afectan a los ciudadanos que gozan de una situación socioeconómica favorable, sino a aquellos que forman parte de los sectores más empobrecidos del país, como se ha evidenciado durante el régimen de excepción. Preocupa que en un momento en que la seguridad ciudadana es mucho mayor que en el pasado, haya tanto respaldo al uso excesivo e indiscriminado de la fuerza en labores de seguridad. Esta tolerancia supone un riesgo particular en la coyuntura política actual: que la represión ya no solo se dirija contra personas y grupos considerados criminales, sino también contra quienes se califique de problemáticos o peligrosos por incomodar o desafiar al poder.
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    5 min
  • Dulce para tragar medicina amarga

    Dulce para tragar medicina amarga
    Feb 20 2026
    El espectáculo de “la residencia de la Loba” fue reflejo fiel de la realidad nacional. Diversión para las masas e intimidación militar para los inquietos. Sin diversión, la miseria de la vida diaria de esas mayorías sería aún más insoportable y podría poner en peligro la estabilidad del régimen. El despliegue militar es aviso para revoltosos. Indudablemente, la concentración de multitudes demanda medidas básicas de seguridad, tanto para conciertos como para el futbol. Sin embargo, esa tarea no es competencia del ejército. En los medios se encuentran ejemplos abundantes de ello en países supuestamente mucho menos seguros que El Salvador. Es contradictorio que el cuidado de la multitud en el país más seguro del mundo requiera de un despliegue militar grandioso. El motivo no es garantizar la vida de la fanaticada, sino la necesidad irresistible del régimen de excepción de aprovechar la concentración de los amantes de la música para mostrar su cara más auténtica, sin remordimientos ni vergüenza. Si multitudes descontentas llegaran a tomarse las calles y plazas, esas mismas fuerzas que brindaron “seguridad” les dispararán sin contemplaciones. El país está militarizado y la diversión también. Y es que la diversión por atractiva que sea no pone comida en la mesa, ni ofrece empleos dignos, ni garantiza salud, educación y pensiones aceptables. Irónicamente, durante la semana de residencia de la Loba, circularon millones de dólares, en gran parte de fuera. Sin embargo, “el derrame económico”, como el oficialismo ha dado en llamar al negocio del espectáculo, no alcanzó a llegar a los confines de la sociedad. La Loba facturó más de seis millones a su paso por el país. La productora del espectáculo hizo un jugoso negocio. Las empresas de transporte, hostería y restauración, y el comercio tuvieron una semana excepcional. Las masas también participaron de la fiesta gracias a los pases de cortesía y el transporte facilitados por el Gobierno. Así, llenaron los graderíos de la sección general, mientras que los funcionarios, también con pases gratis, ocuparon la zona VIP. El lleno total de los cinco conciertos ha sido exhibido como prueba irrebatible de la aceptación general del régimen. Este también acumuló capital político. Usó el paso de la Loba para convertir los conciertos en actos de intensa propaganda. Decoró espacios públicos, desplegó abundante publicidad, proporcionó fuerza de trabajo cautiva y dio toda clase de facilidades. El espectáculo fue cuidadosamente concebido e impecablemente ejecutado. La nutrida concurrencia de turistas centroamericanos, entusiasmada, se deshizo en expresiones de admiración y reconocimiento al régimen de excepción. Las redes digitales se encargaron de multiplicar los elogios en la región. Una dictadura como la de Bukele es buena. El abultado aporte gubernamental está, pues, justificado. El régimen de excepción exhibió músculo dentro y fuera del país, confirmó a los convencidos, tal vez atrajo a algunos escépticos y previno a los díscolos. Pero la Loba se mantuvo al margen. Guardó distancia del régimen y de Bukele. No residió en el país ni se dejó ver en los lugares emblemáticos de la dictadura. No visitó el despacho presidencial. No hubo sesión de fotografías. Esta frialdad contrasta con la intensa interacción con la multitud. El desplante ha sido silenciado. El régimen se conformó con las ganancias políticas. Muy distinta fue la reacción ante Honduras, que, inesperadamente, en medio de la fiesta, dio una nota discordante al deslegitimar la universalidad del modelo de Bukele. El ministro de seguridad hondureño lo desechó por no ajustarse a las condiciones territoriales, demográficas, sociopolíticas e institucionales de su país, y por violar los derechos humanos. A juzgar por la reacción, Bukele pretende que su modelo sea adoptado por el mundo mundial. Reclama independencia absoluta para sí, pero demanda seguimiento a los demás. Desde Roma, León XIV lanzó otra nota disonante; en concreto, para quienes se declaran creyentes, rezan en público y dicen dar gloria a Dios. En su alocución a la Academia Pontificia para la Vida denunció que no todas las vidas son iguales ni respetadas. La salud y la educación no son promovidas ni protegidas de la misma manera para todos. Afirmar lo contrario, dijo, “es hipócrita si ignoramos simultáneamente las causas estructurales y las decisiones operativas que determinan las desigualdades”. Diversiones como la de la Loba ocultan la realidad. Generan conformidad y, sobre todo, suscitan agradecimiento profundo. Hacen olvidar, al menos por un rato, las penurias de la vida diaria. Y persuaden de que la dictadura es la mejor opción. La aceptación indefinida y el voto que la ratifica parecen asegurados. El régimen dispone ahora de un valioso capital político que puede invertir confiadamente en la anunciada, y temida, reforma del sistema de ...
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    7 min
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