¿Puede un juez seguir investigando cuando el único que puede acusar dice que no hay delito?

Una sociedad de publicidad digital pasó de girar unos USD 110.000 al exterior en un año a más de USD 7.000.000 en el siguiente. Casi todas sus ventas eran a clientes con inconsistencias. AFIP denunció lavado de activos agravado. Y sin embargo, el fiscal pidió el sobreseimiento y el juez lo dictó.

En este episodio te cuento por qué la sospecha no alcanzó para cruzar el puente entre una operatoria anómala y un origen ilícito de los fondos, por qué sin acusador no hay proceso, y cuál es mi opinión sobre hasta dónde debe intervenir un juez cuando el fiscal decide no acusar.

Un episodio para quienes trabajan en compliance, defensa penal económica y prevención de lavado.

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Mismo viaje, mismas dos personas, dos objetos no declarados... y dos resultados jurídicos opuestos.Dos pasajeros intentaron viajar a Israel con cuatro cadenas de oro sin declarar, disimuladas bajo un baño de otro metal. También llevaban dólares y shekels sin declarar. La Justicia los procesó por el oro. Por el dinero, no.

En este episodio te cuento por qué la Cámara distinguió un caso del otro: qué significa "ocultamiento" en el delito de contrabando, por qué guardar dinero con cuidado no es lo mismo que esconderlo, y por qué el propio baño metálico de las cadenas fue suficiente para tener por acreditado el dolo.

Un caso clave para entender los límites del contrabando y qué pasa cuando cruzás la frontera con metales preciosos o divisas.

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Una sociedad sacó más de USD 5.900.000 del país disfrazando las operaciones como pagos de fletes de importación que nunca existieron. El presidente juraba no haber intervenido nunca. El apoderado decía ser un simple empleado que cumplía órdenes, sin beneficio propio.

La Cámara los condenó a los dos, construyendo el concepto de codominio funcional: cada uno aportó una pieza indispensable del mismo mecanismo, aunque ninguno haya hecho "todo" el trabajo.

En este episodio te cuento cómo se prueba la responsabilidad penal cuando el control está repartido entre dos personas, y por qué ni la ajenidad formal ni la subordinación alcanzan como defensa cuando el contexto probatorio dice otra cosa.

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¿Puede una empresa ir presa? En los hechos, casi.

Dos encomiendas, un cargador que no cumplía una norma de seguridad, y un procesamiento por contrabando que terminó embargando a la empresa por $20 millones. La defensa apeló con dos argumentos fuertes: que no correspondía responsabilizar penalmente al ente ideal, y que una reforma normativa posterior volvía inaplicable el delito.

En este episodio te cuento cómo construyen los tribunales la culpabilidad de una persona jurídica —el famoso "defecto de organización"— y por qué la Cámara no aceptó de forma automática el planteo de ley penal más benigna, aunque la norma original ya no existiera.

Un caso imprescindible si trabajás en compliance penal o defensa societaria.

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Una entidad tenía la plata para pagarle al fisco. Y durante casi dos años, decidió no hacerlo. Cuando la causa llegó a la Cámara, cuatro directivos estaban procesados por el mismo hecho. Pero solo uno terminó confirmado.

En este episodio contamos cómo la Justicia distinguió entre ocupar un cargo y decidir de verdad: órdenes verbales que se convirtieron en prueba, firmas que no alcanzaron para condenar, y una pregunta que queda abierta sobre cómo se toman las decisiones puertas adentro de una estructura colectiva.

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Dos roles, una empresa, un solo condenado (por ahora).

En una constructora familiar, uno figuraba como apoderado. Otro, como presidente del directorio. Cuando la AFIP detectó evasión agravada por más de $20 millones —con facturas apócrifas de por medio— la Justicia condenó a uno... y absolvió al otro.

Pero la Cámara Federal de Casación Penal no se conformó con esa absolución. En este episodio contamos qué es el "dominio del hecho", por qué el cargo formal no alcanza para condenar pero tampoco para salvarse, y qué pasa cuando el verdadero responsable dice "el otro no tenía nada que ver".

Un caso clave para entender hasta dónde llega la responsabilidad penal de directores, apoderados y accionistas.

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