Couverture de En Venezuela están redactando la ley los perpetradores

En Venezuela están redactando la ley los perpetradores

En Venezuela están redactando la ley los perpetradores

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 El abogado penalista y exfiscal venezolano Zair Mundaray ofreció un análisis jurídico contundente sobre la situación legal y de derechos humanos en Venezuela durante su participación en el programa Cada Tarde, donde denunció que la nueva norma de excarcelaciones en discusión en Caracas está siendo escrita y controlada por las mismas personas responsables de la persecución política que pretende remediar.Mundaray señaló que en Venezuela la persecución política no ha sido un fenómeno aislado ni temporal, sino una política pública persistente desde 1999 hasta el presente, empleada por el régimen para justificar detenciones arbitrarias, procesos amañados y acusaciones de delitos graves sin evidencia sólida. Esta práctica ha afectado a miles de opositores, activistas, defensores de derechos humanos y disidentes. Criminalización constante de la oposiciónDurante la entrevista, el jurista explicó que el Estado venezolano ha utilizado la justicia penal como herramienta de represión, catalogando a la disidencia como violencia o terrorismo, aunque en muchos casos los hechos no hayan ocurrido. Ejemplo de ello es la cantidad de personas acusadas de magnicidio —delitos que no llegaron a materializarse— lo que evidencia la forma en que se han fabricado causas penales para neutralizar opositores.Mundaray precisó que esta criminalización sistemática se ha acompañado de la persecución de figuras públicas, activistas y simples ciudadanos, sin garantizarles derechos procesales básicos ni acceso real a defensa jurídica independiente, en un contexto donde abogados designados por el Estado muchas veces no informan a las familias ni permiten estrategias de defensa efectivas. Crítica a la nueva ley de excarcelaciones: “una abominación”El abogado fue particularmente crítico con el texto legal que se plantea como solución a la crisis de detenciones arbitrarias. Denunció que la norma es regresiva y excluyente, porque está siendo redactada y liderada por funcionarios vinculados históricamente a la represión estatal:Quienes diseñaron o ejecutaron persecuciones ahora deciden a quién perdonan;La norma exige que los perseguidos acepten condiciones que los exponen nuevamente ante el mismo sistema judicial que los encarceló;No establece mecanismos de reparación, devolución de bienes confiscados, levantamiento de inhabilitaciones políticas ni garantías de retorno para exiliados.Para Mundaray, este proceso evidencia que la ley no está hecha para liberar justicia, sino para perpetuar control político desde dentro del aparato que traduce poder en castigo.Proceso excluyente y falta de participaciónMundaray subrayó que las consultas públicas anunciadas para la norma son “vacías de contenido” si se realizan bajo la supervisión de personas acusadas de violaciones de derechos humanos. Indicó que la participación de actores como Irí Varela, señalados por prácticas violentas y represivas, convierte las consultas en un ejercicio simbólico sin impacto real, donde no se permite la crítica ni la modificación sustantiva del texto ni de los criterios de exclusión.“El país está plagado de estructuras de represión que no van a ceder voluntariamente frente a demandas de justicia real”, explicó, enfatizando que el proceso no responde a una genuina voluntad de reconciliación, sino a presiones externas e internas dirigidas a mitigar las críticas internacionales sin transformar el sistema de justicia venezolano.Un llamado a la presión internacionalEl exfiscal hizo un llamado a la oposición venezolana y a la comunidad internacional para que alerten y presionen activamente sobre los efectos negativos de esta norma, especialmente ante gobiernos y embajadas que puedan influir diplomáticamente en Caracas. Instó a que se realicen gestiones para garantizar que la excarcelación de presos políticos sea incondicional, transparente y con medidas de reparación real, y que no dependa de la discrecionalidad de los mismos funcionarios que mantuvieron el sistema de represión.Mundaray lanzó además en la entrevista una advertencia clara: una ley diseñada por quienes antes perseguían no puede ser considerada un instrumento de justicia legítima. Hizo hincapié en que, para lograr una verdadera transición hacia el Estado de derecho, es necesario desmontar las estructuras que históricamente han criminalizado a la oposición y construir marcos jurídicos que respeten los derechos humanos y la participación plena de la sociedad.
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